Erick Dorrejo resalta importancia de la Ley 345-22 para el diseño de políticas públicas

Santo Domingo.-Mediante una declaración, el economista Erick Dorrejo afirmó que la aprobación de la Ley No. 345-22 de Regiones Únicas de Planificación marca un punto de inflexión en la forma en que el país diseña sus políticas públicas y planifica su desarrollo.

“Iniciamos un nuevo año con la oportunidad histórica de corregir una de las principales debilidades en el modelo de desarrollo nacional: la aplicación de políticas públicas uniformes sobre un territorio profundamente diverso”, expresó Dorrejo, al destacar la importancia estratégica de la Ley No. 345-22.

Según explicó, esta legislación va más allá de una simple reorganización administrativa y sienta las bases para transformar la planificación nacional, superando el enfoque centralizado y homogéneo que, durante décadas, ha profundizado las brechas territoriales. “Asumir que las mismas soluciones funcionan para el Gran Santo Domingo, el Cibao, el Sur profundo o la zona fronteriza ha concentrado oportunidades e inversiones en unos pocos espacios, dejando otros rezagados”, señaló.

Dorrejo indicó que planificar desde las regiones permite reconocer las vocaciones productivas, capacidades humanas, desafíos sociales y condiciones ambientales propias de cada territorio. En ese sentido, subrayó que no es lo mismo diseñar políticas para una región turística que para una zona agroindustrial, fronteriza o urbana.

La Ley No. 345-22, afirmó, ofrece el marco necesario para articular políticas públicas integrales a nivel regional, mejorar la calidad del gasto público, orientar de manera más eficiente la inversión, fortalecer la coordinación interinstitucional y vincular la planificación nacional con los planes locales. Además, abre paso a una gobernanza territorial más participativa, con mayor incidencia de los actores regionales en las decisiones de desarrollo.

Dorrejo enfatizó que el reto es colectivo. Llamó al Gobierno a liderar una implementación efectiva del enfoque regional en la planificación, el presupuesto y la inversión pública; al sector empresarial, a alinear sus inversiones con las vocaciones regionales; y a la sociedad civil y la academia, a participar activamente en la construcción y supervisión de las visiones regionales.