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El presidente Luis Abinader remitió de vuelta a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca autorizar el pago de deudas del Estado por obras ejecutadas sin contrato formal, una iniciativa que había sido aprobada la semana pasada de manera acelerada y sin pasar por el estudio previo en comisiones legislativas.
La devolución del proyecto viene acompañada de varias observaciones del Poder Ejecutivo que el Congreso deberá aceptar o rechazar en bloque, sin posibilidad de introducir cambios adicionales al texto.
La propuesta, respaldada por la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene como objetivo saldar compromisos con pequeños contratistas que realizaron obras públicas y trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, muchos de ellos hace décadas, sin un contrato formal que respaldara los pagos.
El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Enrique Rosario, minimizó el alcance de las observaciones presidenciales y afirmó que estas se limitan a aspectos de forma, sin alterar el contenido esencial de la ley. Por ello, confió en que el Congreso volverá a aprobar la pieza para su posterior promulgación.
El proyecto se originó en un anteproyecto presentado por el Codia, que documenta deudas del Estado con 571 empresas y personas físicas por trabajos realizados hace más de 30 años. De ese grupo, 95 corresponden a contratistas de obras públicas y 476 a proveedores de mantenimiento correctivo para el Ministerio de Educación (Minerd).
Entre las instituciones con mayores compromisos pendientes figuran los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Edificaciones, así como el Indrhi, el Inapa, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la Junta Central Electoral y la Alcaldía del Distrito Nacional.
La iniciativa distingue entre obras públicas y mantenimientos correctivos, estableciendo que, en este último caso, el Minerd es la única entidad con deudas vigentes. El ministerio acumula 1,217 proyectos sin pagar, correspondientes a trabajos de pintura, reparaciones eléctricas, remodelaciones, terminaciones de techos, instalación de canchas y otras intervenciones en centros educativos a nivel nacional.
Aunque el proyecto define que los pagos se canalizarían a través del Ministerio de Hacienda y Economía, no precisa el monto total de los recursos requeridos, una omisión que llevó a los partidos de oposición a abstenerse durante la votación.
Según el artículo 103 de la Constitución, el Congreso dispone de dos legislaturas ordinarias para conocer las observaciones del presidente. Si no lo hace dentro de ese plazo, la ley quedará automáticamente aprobada con las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
