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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • lunes 09 febrero, 2026

Abinader designa nuevos titulares en la Contraloría General y el Ministerio de Educación Superior

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Palacio Nacional.

Santo Domingo, R.D. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, a través del cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.

La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Santos Badía se desempeñaba actualmente como director general del INFOTEP. Es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

Docente y experto en el sector sindical y en el tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado en el Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de los órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social magisterial. Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, entre otras distinciones.

El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con una especialidad de posgrado en Tributos Internos, un máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores relacionados con las funciones ahora reasignadas y ha sido remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, de acuerdo con las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

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