
MIAMI, Estados Unidos.- El exsupervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ha sido acusado de fraude en la tramitación de 119 solicitudes de visas, por lo cual habría recibido miles de dólares.
Así se hace constar en el expediente acusatorio de la Fiscalía del Distrito de Columbia, en el cual se indica que Cordero incurrió en los delitos de soborno, fraude de visas, mal uso de posición oficial y extorsión.
Por estos delitos, de acuerdo con la legislación estadounidense, el agente podría ser condenado a 40 años de prisión.
La acusación contra Cordero fue presentada este sábado por la Fiscalía del Distrito de Columbia.
De acuerdo con la legislación, Cordero recibirá una condena de 15 años por la acusación de soborno; otros 5 años por fraude de visas, 5 años más por mal uso de posición oficial y otros 15 años por extorsión.
Según las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con fiscalías federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Codero habría gestionado al menos 119 solicitudes de visado.
Se acusa al exagente de haber recibido miles de dólares por cada visa mientras estuvo asignado a la embajada en Santo Domingo.
Los detalles de las investigaciones se encuentran en la acusación presentada por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro.
Debido a las irregularidades atribuidas a Cordero, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo decidió cerrar su oficina y reubicar a su personal.
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El supervisor de la Oficina de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Melitón Cordero, fue acusado por la Fiscalía del Distrito de Columbia de soborno y fraude, después de ser arrestado como parte de una investigación.
El sometimiento de Cordero fue anunciado por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro.
En un comunicado, Ferris Pirro afirmó que el arresto de Cordero ocurrió en territorio dominicano y que la acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia.
En el documento, la fiscal advierte a cualquier funcionario que, amparándose en su cargo o insignia, intente socavar las prioridades establecidas por el presidente de Estados Unidos.