
Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que el lunes fueron detenidos 1,280 extranjeros en situación migratoria irregular durante operativos realizados en el Gran Santo Domingo, donde se sorprendió a 147 personas sin documentos, en Bahoruco a 135 y en La Vega a 86, así como en distintas zonas agrícolas del país, como parte de las acciones de interdicción desplegadas a nivel nacional. En la misma jornada, fueron deportados 970 extranjeros.
De ese total, 838 personas fueron aprehendidas en operativos de interdicción ejecutados por los agentes de migración en distintas provincias del país. Otras 442 personas indocumentadas fueron entregadas a la institución por entidades de defensa y seguridad del Estado: miembros del Ejército (279), la Policía (79) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa (84).
En las últimas 24 horas, se deportaron extranjeros a través de los puestos fronterizos de Dajabón (334), Elías Piña (322), Jimaní (247) y Pedernales (67). Las acciones de interdicción se concentraron en las macro regiones Metropolitana, Norte, Este, Sur y Fronteriza. Las detenciones se registraron de la siguiente manera: Santiago de los Caballeros (42); Espaillat/Hermanas Mirabal (32); Mao/Santiago Rodríguez (76); Azua (20); Barahona (37); Puerto Plata (42); Montecristi (37); Dajabón (33); Elías Piña (49); Independencia (54); y Pedernales (48).
En el Gran Santo Domingo se llevaron a cabo operativos en Villa Mella, Manoguayabo, Los Kilómetros de la avenida Independencia, Manganagua, El Manguito, Naco y Gazcue. En la región Norte, se realizaron intervenciones importantes en Constanza y en zonas agrícolas de La Vega. Al Este, las acciones se desarrollaron en las provincias de La Altagracia y La Romana, incluyendo Higüey, La Ceiba, Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Barrio Nuevo, Villa Playwood y Guateque. Mientras tanto, en el Sur/Suroeste, se llevaron a cabo operativos en Azua, Barahona y Bahoruco.
La institución reiteró que estos operativos son parte de su labor permanente de control migratorio, llevada a cabo conforme a la ley, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos, trasladando a los detenidos a los Centros de Procesamiento Migratorio para los fines correspondientes.