“Lo más edificados posible” TC conoce once expedientes durante audiencia pública

Santo Domingo.- El pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC) conoció once expedientes durante una audiencia pública celebrada en la sede de esta alta corte, los cuales fueron dejados en estado de fallo tras escuchar los argumentos de las partes y examinar la documentación depositada.

La audiencia, abierta a la ciudadanía, estuvo presidida por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, quien explicó que el pleno dedicó el tiempo necesario para analizar cada caso con el objetivo de estar “lo más edificados posible” antes de adoptar decisiones, debido al impacto que algunas podrían generar en instituciones como el Cuerpo de Bomberos y en asuntos vinculados al cambio climático.

Entre los expedientes conocidos figuran el TC-05-2023-0042 y el TC-05-2023-0142, interpuestos por José Francisco Guzmán y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones contra la sentencia 0030-04-2022-SSEN-00615, emitida el 4 de octubre de 2022 por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. En estos casos, el pleno otorgó un plazo de cinco días hábiles para el depósito de escritos y documentos adicionales.

También fue conocido el expediente TC-01-2025-0054, presentado por la Asociación Internacional de Derecho Penal Grupo Dominicano, la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat, Inc., y varios ciudadanos, quienes impugnan diversos artículos de la Ley Orgánica núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgada el 3 de agosto de 2025.

El tribunal examinó además el expediente TC-01-2025-0058, interpuesto por Andrés Liétor Martínez y varias sociedades comerciales contra disposiciones de la Ley 3-02 sobre Registro Mercantil; así como el TC-01-2025-0059, presentado por Víctor Eddy Mateo Vásquez y Félix Nova Hiciano, que cuestiona artículos de la Ley Orgánica 74-25 del Código Penal.

Igualmente, quedaron en estado de fallo los expedientes TC-01-2025-0060, interpuesto por la firma Méndez González & Asociación, S.R.L., contra disposiciones de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional; y el TC-01-2025-0061, presentado por varios ciudadanos contra el artículo 194 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, modificada por la Ley 52-07.

En la misma condición quedaron el expediente TC-01-2025-0048, contra una resolución del Ayuntamiento Municipal de Imbert; el TC-01-2025-0052, interpuesto por Bienvenido Medina Pérez y la Fundación PROMARE contra una resolución del Ministerio de Energía y Minas sobre concesión minera —caso en el que se otorgó un plazo de cinco días hábiles para completar documentos—; y el TC-01-2025-0053, presentado contra el Decreto 6-19 que establece el Reglamento de Licencias de Conducir.

Asimismo, el TC dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0055, interpuesto por la Unión Nacional de Importadores (UNIDA) contra los decretos 605-21 y 553-22 relacionados con importaciones agropecuarias, concediendo plazos para el depósito de escritos de defensa; y el TC-01-2025-0057, contra una certificación del IDECOOP que autoriza la asamblea de la cooperativa COOPSEMUDINA.

En la audiencia participaron, además del presidente del TC, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segunda sustituta del presidente, así como Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, José Alejandro Ayuso, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.