Debilidades, retrasos, reenvíos y vencimientos de plazos afectan expedientes de casos de corrupción en RD

Santo Domingo.- Desde que el presidente Luis Abinader inició su mandato en agosto de 2020, su administración ha insistido en la importancia de promover un gobierno caracterizado por la transparencia, la ética pública y el fortalecimiento del sistema de justicia a través de reformas estructurales.

En los tribunales de la República Dominicana, varios de los expedientes de corrupción más importantes del país avanzan entre aplazamientos, incidentes legales y plazos que amenazan con cerrarlos antes de que lleguen a una sentencia definitiva. Debilidades procesales, retrasos y recursos constantes han convertido estos procesos en un laberinto judicial que, según observadores, pone en riesgo los resultados de investigaciones que involucraron millones de pesos del erario.

Los casos de corrupción administrativa que han sacudido al país en los últimos años —como Antipulpo, Coral, Coral 5G o Medusa— comparten un mismo patrón: defensas que solicitan la extinción de la acción penal alegando el vencimiento del plazo máximo permitido por la ley para los procesos judiciales. En varios de ellos, los tribunales han tenido que evaluar si el tiempo transcurrido supera los límites establecidos en el Código Procesal Penal.

Operación Coral. Enviada a juicio de fondo en julio, involucra a 48 imputados —30 personas físicas y 18 jurídicas— acusados de defraudar al Estado con más de RD$4,000 millones. El proceso se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Operación Medusa. Destapada en 2021, tiene como principal imputado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, junto a 40 personas y 22 empresas, acusadas de manejar de manera irregular más de RD$6,000 millones. El caso se encuentra en juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Operación Calamar. Involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta. Actualmente se ventila en audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez.

Caso Intrant. Salió a la luz pública a finales de 2022 y cobró mayor relevancia en 2023, tras investigaciones periodísticas, denuncias ciudadanas y auditorías oficiales que señalaron presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Caso Fedopem. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional continúa conociendo la audiencia preliminar contra los directivos de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, acusados de presunta asociación de malhechores, desfalco, estafa, falsificación y lavado de activos.

La complejidad de estos expedientes es uno de los factores que explican la lentitud. Muchos incluyen decenas de imputados, empresas vinculadas y miles de pruebas documentales. En el caso Antipulpo, por ejemplo, el tribunal debió analizar cerca de cuatro mil evidencias relacionadas con más de veinte acusados y casi una veintena de compañías.

A este escenario se suman los múltiples incidentes procesales que surgen durante el juicio. Recusaciones de jueces, cambios de defensa, problemas de salud de los imputados o solicitudes de aplazamiento provocan continuos reenvíos de audiencias. Estas situaciones han generado procesos que se extienden durante años, alimentando el debate público sobre la capacidad del sistema judicial para resolver casos complejos de corrupción.

En algunos procesos, las defensas han intentado aprovechar los retrasos para solicitar la terminación del caso por vencimiento del plazo legal. Este mecanismo, conocido como extinción de la acción penal, puede poner fin a un proceso antes de que se dicte sentencia. Aunque los tribunales han rechazado algunas de estas solicitudes, el riesgo de que un expediente se cierre por razones procesales sigue presente.

La historia judicial dominicana muestra precedentes que alimentan esa preocupación. Escándalos como PEME, Renove, Sun Land o incluso el caso Odebrecht terminaron diluyéndose en los tribunales por falta de pruebas, decisiones procesales o medidas administrativas que terminaron favoreciendo a los imputados.

Mientras tanto, la presión pública sigue creciendo. Para muchos ciudadanos, estos procesos representan una prueba de fuego para la justicia dominicana: demostrar que es capaz de investigar y sancionar redes complejas de corrupción sin que los expedientes se pierdan en el tiempo.