Caso Jet Set: tribunal reprograma para el 6 de abril audiencia contra propietarios del local

Santo Domingo. – La audiencia preliminar en el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, fue reprogramada para el próximo 6 de abril. El caso se relaciona con el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas.

La jueza dispuso el aplazamiento con el objetivo de conceder un plazo adicional para que todas las personas que se consideren víctimas puedan presentar formalmente sus querellas antes de la nueva fecha. También advirtió que después de ese momento no se aceptarán nuevas acciones legales dentro del proceso.

La decisión de posponer la audiencia se produjo luego de que fueran depositadas al menos cinco nuevas querellas vinculadas al caso.

Señalamientos del Ministerio Público

De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público, los imputados habrían incrementado su responsabilidad penal al permitir una sobrecarga en la estructura del techo del local. Según la acusación, en la parte superior del edificio se instalaron equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua sin realizar estudios técnicos que garantizaran que la estructura podía soportar ese peso.

El órgano acusador también sostiene que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo y que, pese a los riesgos, optaron por priorizar el ahorro de recursos.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó los informes periciales elaborados por los especialistas Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismorresistente; Eduardo A. Fierro, presidente de BFP Engineers; y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero patólogo, quienes analizaron la estructura de la edificación.

Las autoridades argumentan que, como responsables de la operación del centro de entretenimiento ubicado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, los hermanos Espaillat habrían incurrido en homicidio involuntario y en golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público asegura contar con cientos de elementos de prueba que, según afirma, comprometen la responsabilidad penal de los procesados.