Defensa de Gonzalo Castillo denuncia irregularidades y cuestiona pruebas en caso por corrupción

Santo Domingo. – La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, volvió a sostener este jueves que en el proceso judicial por presunta corrupción administrativa en su contra se han producido irregularidades que, a su juicio, constituyen un fraude procesal.

Los abogados del también excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en 2020 pusieron en duda tanto la fecha en que se presentó la acusación como los métodos utilizados por el Ministerio Público para obtener pruebas clave.

De acuerdo con la defensa, mientras la coordinación de los juzgados de la instrucción asegura haber enviado el expediente el 30 de abril de 2024, documentos oficiales del Cuarto Juzgado de la Instrucción indican que este fue recibido dos semanas más tarde, pese a la cercanía física entre ambas oficinas. Ante esto, el equipo legal cuestiona qué ocurrió con el expediente y las evidencias durante ese período, así como la fiabilidad de la cadena de custodia.

En cuanto a las pruebas, los representantes legales señalaron presuntas irregularidades en varios peritajes. Alegan que algunos análisis se realizaron bajo instrucciones de fiscales y que se extrajo información de dispositivos móviles antes de contar con autorización judicial. También indicaron que ciertos informes financieros se elaboraron con documentos obtenidos sin orden judicial o en tiempos que consideran incompatibles con un análisis riguroso.

Asimismo, la defensa afirmó que la respuesta del Ministerio Público no aportó nuevas evidencias, sino que se limita a sostener una hipótesis sin respaldo sólido. En ese sentido, los abogados argumentaron que no existen pruebas suficientes que vinculen directamente a Castillo con los hechos que se le imputan.

Contexto del caso
Castillo es defendido por los juristas Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas en este proceso, donde se le acusa de integrar un esquema de corrupción durante su gestión como ministro de Obras Públicas. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el exfuncionario estaría relacionado con desvío de fondos públicos, lavado de activos, uso de empresas para movilizar dinero y financiamiento irregular de actividades políticas.