

El economista y exdirector general de Presupuesto, Luis Reyes, advirtió que los subsidios generalizados implementados por el Gobierno para contener el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad podrían ampliar el déficit y provocar un deterioro en las cuentas fiscales.
"No cabe la menor duda de que someterán al gobierno a presiones muy fuertes desde el punto de vista fiscal, cuyas consecuencias se verán en los próximos meses", afirmó Reyes.
Al evaluar las medidas adoptadas para evitar que el aumento de los precios de los combustibles y fertilizantes sea asumido por los consumidores, explicó que, basándose en los resultados del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central, durante el mes de marzo la inflación alcanzó el 1.27%. Según expresó, esto indica que "las políticas del gobierno fueron muy efectivas para contener el aumento de precios", originado tras el inicio del conflicto en el Medio Oriente el 28 de febrero.
No obstante, señaló que, al analizar el conjunto de medidas aplicadas, existen políticas tanto generalizadas como sectorizadas. Consideró correctas las políticas sectorizadas, como el subsidio al diésel utilizado por los transportistas y el apoyo a ciertos insumos para la producción de fertilizantes.
Sin embargo, calificó como cuestionables los subsidios generalizados, especialmente en los casos de la electricidad y la gasolina.
Señaló que el efecto de esas medidas podría llevar a que se destinen a subsidios recursos que podrían haber sido utilizados para aumentar el gasto en infraestructuras o para mantener reservas internacionales más holgadas. Añadió que una de las posibles consecuencias sería un incremento del endeudamiento público para compensar las partidas presupuestarias empleadas en subsidios.
Reyes afirmó que lo adecuado sería implementar una política de reducción del gasto corriente para reasignar recursos sin perjudicar la inversión pública. Advirtió que destinar recursos de la inversión pública para subsidiar combustibles, electricidad u otros sectores sería "pésimo" desde la perspectiva del manejo de las cuentas fiscales.
Recordó que el país ha experimentado un año de bajo crecimiento económico y explicó que una disminución de la inversión pública podría provocar una desaceleración económica, reducir las recaudaciones fiscales y aumentar el déficit público.
Asimismo, afirmó que la situación actual evidencia un deterioro de las cuentas fiscales debido a las presiones de gasto, aunque el Gobierno ha recibido recursos extraordinarios por el incremento en los precios del oro. Sin embargo, según señaló, estos recursos no compensan las erogaciones por concepto de subsidios.
En ese contexto, consideró que esta coyuntura refuerza, desde el punto de vista técnico, la necesidad de una reforma fiscal. No obstante, indicó que el entorno económico actual y la proximidad del ciclo político hacia las elecciones de 2028 dificultan que el Gobierno impulse una reforma en lo que queda de la presente administración.