Imputados por porte de armas enfrentan medida de coerción en Santo Domingo Este

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra tres personas que fueron arrestadas el pasado 9 de mayo mientras se desplazaban por la avenida Mella, en el sector Andrés del municipio Boca Chica, portando dos armas de fuego de manera ilegal.

Alexander Martínez Nolasco, de 18 años de edad, y Karla Julisa Rodríguez y Ashley Mariel Sánchez Victorino, ambas de 19 años, fueron arrestados en flagrante delito y posteriormente sometidos a la justicia.

La fiscal Zayra Soton, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este, establece en la solicitud de medida de coerción que las armas fueron encontradas en una yipeta marca Honda CRV, color blanco, que era conducida por Rodríguez, quien a su vez estaba acompañada por Sánchez Victoriano y Martínez Nolasco.

Durante una requisa al vehículo, se encontraron dos armas de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, ambas de la marca Glock. La primera tenía su cargador y cuatro cápsulas, mientras que la segunda no tenía cargador. También se encontró un cargador para pistola de color negro, con capacidad para 30 cápsulas, ubicado en medio de la palanca de cambios, el cual contenía 10 cápsulas.

El Ministerio Público asignó al caso la calificación jurídica provisional de porte ilegal de armas de fuego, un delito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público sostiene que la medida de coerción más adecuada para imponer a los imputados en este caso es la prisión preventiva, ya que no ofrecen garantías de presentarse a los actos del procedimiento. A pesar de contar con un domicilio conocido, debido a la pena que podría imponérseles por los hechos penales que se les investiga, existe un alto riesgo de que intenten sustraerse del proceso.

El fiscal litigante Tito González representó al Ministerio Público durante la audiencia.

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, decidió aplazar la audiencia para el 14 de mayo.

La solicitud de medida de coerción está respaldada por diversas pruebas documentales, testimoniales y materiales, incluyendo el acta de arresto en flagrante delito, así como las armas de fuego incautadas y el vehículo en el que se desplazaban.