

Santo Domingo, RD.- El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, lanzó una clara advertencia sobre las consecuencias legales del incumplimiento fiscal en el país, enfatizando que el no pago de los impuestos retenidos trasciende el ámbito de una falta administrativa para convertirse en un delito tributario penal.
Al abordar las acciones de la institución contra el fraude, el titular de la DGII explicó la gravedad de retener el ITBIS o el Impuesto sobre la Renta y no reportarlo a la administración. «La DGII no persigue de manera arbitraria, pero sí estructura expedientes sólidos contra quienes cometen delitos tributarios», puntualizó, haciendo hincapié en que la evasión no solo afecta las arcas del Estado, sino que también contamina el sistema financiero formal.
Sobre las consecuencias legales del incumplimiento tributario, la consultora jurídica de la DGII, Juanita Canahuate, explicó que no todo incumplimiento constituye automáticamente un delito penal, aunque advirtió que puede escalar dependiendo de la intención del contribuyente. “Cuando hay una intención dolosa de no pagar impuestos, entonces sí hay un delito”, indicó Canahuate, calificándolo además como un precedente del lavado de activos. Sin embargo, Urrutia explicó que muchos contribuyentes se encuentran en condición de omisos debido a la complejidad del sistema tributario y no necesariamente por la intención de evadir impuestos.
Cierre de negocios, competencia justa y ausencia de presiones
En relación con el cumplimiento de las normativas vigentes, Urrutia fue categórico al señalar que la institución mantendrá una postura estricta frente a los comercios que operan al margen de la ley. «Hemos cerrado negocios y seguiremos cerrando si hay incumplimiento de la ley», afirmó, argumentando que la misión central de su gestión es garantizar una competencia justa y nivelar el campo para proteger a los sectores formales que sí cumplen con sus obligaciones.
Durante una entrevista en el programa Revista 110 con Julio Hazim, al ser cuestionado sobre si ha recibido solicitudes o llamadas para detener este tipo de procesos sancionatorios, Pedro Urrutia fue tajante al declarar que «la DGII no recibe presión de nadie», dejando claro que la ley se aplica de manera equitativa.
Aproximación al contribuyente omiso y facilidades
A pesar de la firmeza contra el fraude deliberado, Urrutia reiteró que la primera línea de acción de la DGII busca acercar a la gente a la institución para facilitar el cumplimiento voluntario y reducir los niveles de omisión. Explicó que el objetivo es brindar los canales necesarios para que los contribuyentes regularicen su estatus antes de que sus deudas u omisiones escalen a instancias mayores. Guarionex De la Cruz, subdirector de Gestión y Cumplimiento, explicó que el impuesto al consumo es uno de los que más frecuentemente se evaden.
Defensa de los anticipos y rechazo al impuesto fijo
En el ámbito de las políticas recaudatorias, el titular de la DGII reafirmó su oposición a la eliminación del esquema de anticipos. Argumentó que su eliminación generaría severas presiones financieras y mayores problemas para la carga del contribuyente al final del período fiscal, ya que las empresas se verían obligadas a liquidar la totalidad de su impuesto anual en un único pago, lo que afectaría de golpe su liquidez.
Asimismo, adoptó una postura crítica respecto a la viabilidad de un modelo de "impuesto fijo", argumentando las razones técnicas y las distorsiones que este tipo de esquemas suele generar en la equidad del sistema tributario.
Fiscalización de riesgos, beneficiarios finales y reformas en curso
Durante la entrevista, que incluyó a técnicos de la DGII, Joel Polanco, subdirector de fiscalización, detalló que se trabaja bajo un modelo basado estrictamente en la gestión de riesgos. Polanco aclaró un mito frecuente en el sector empresarial al precisar que la presentación de una declaración rectificativa por parte de un contribuyente no implica automáticamente el inicio de una fiscalización externa o auditoría.
Por otra parte, destacó la rigurosidad con la que se supervisa la transparencia corporativa a través de las declaraciones de impuestos, lo que permite identificar claramente a los accionistas y beneficiarios finales. Esto permite a la DGII evaluar el nivel de riesgo de cada actor y determinar con precisión quiénes controlan realmente las estructuras societarias.
Finalmente, el director Pedro Urrutia explicó que la reforma tributaria ya se está aplicando en el día a día a través de dos vías: mediante la ejecución de medidas administrativas internas y, eventualmente, con la reforma estructural una vez que sea aprobada. En ese sentido, destacó las acciones normativas y de fiscalización que se están implementando con especial atención en las plataformas digitales para asegurar que tributen de acuerdo con la realidad del mercado actual.