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Santo Domingo, RD.- A solicitud del Ministerio Público, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificaron este miércoles la medida de coerción de prisión preventiva impuesta al fiscal que solicitó un soborno a una persona bajo investigación, de quien recibió la suma de diez mil dólares (US$10,000) en una entrega controlada por las autoridades.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, valoró la decisión del tribunal que confirmó la medida al rechazar un recurso de apelación interpuesto por el imputado Aurelio Valdez Alcántara contra la decisión que ordenó su envío a prisión preventiva el pasado 6 de mayo.
Camacho recordó que el procesado solicitó un soborno con la intención de manipular los procesos de investigación a su cargo.
“Tanto el tribunal que impuso la medida de coerción como la Suprema Corte de Justicia han dicho que procedía la prisión preventiva, que es la medida de coerción proporcional a estos hechos, los cuales son graves; que es la medida de coerción idónea y, en consecuencia, han mantenido esta medida de coerción y han rechazado el recurso que presentó el imputado”, precisó.
Al ser cuestionado sobre los alegatos del encartado, el director de Persecución del Ministerio Público afirmó que no hay manera de que el procesado niegue los graves hechos que se le imputan.
“No entiendo cómo alguien puede negar una entrega controlada. Es decir, el dinero salió del Ministerio Público, se colocó en una persona que lo estaba recibiendo, y se fotografió antes de entregárselo. Esas fotografías se entregaron al tribunal antes de que se realizara la entrega controlada, y luego a esta persona se le encontró el dinero que, previamente, había sido marcado”, indicó.
"En términos objetivos, aparte del derecho de defensa, no hay manera de negar hechos de esta naturaleza", dijo.
"Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del cual tengamos evidencias. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que vamos a seguir haciendo", precisó Camacho a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en la que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el juez Francisco Jerez Mena, confirmó la prisión preventiva al determinar que no han cambiado los presupuestos originales que justificaron la imposición de la medida de coerción.
Durante la audiencia, el procurador Wilson Camacho afirmó que "estamos ante un hecho grave". "Este hecho no es grave por la recepción del soborno, sino por quién lo recibe", expresó.
"Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común porque juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Tenemos un plus en esa exigencia, ya que perseguimos a los demás precisamente por corrupción", manifestó durante su intervención en la audiencia.
Al procesado Valdez Alcántara se le impuso prisión preventiva el pasado mes de mayo por un período de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
El Ministerio Público le imputa la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue impuesta por la jueza del Juzgado de Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, después de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, que incluso solicitó la nulidad del proceso.
Según el expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), cantidad que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj de la marca Rolex y exigió un Mercedes Benz modelo 350 o 450.
