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Santo Domingo. El Ministerio de Salud Pública inició un proceso de inspección y regularización de varios centros de rehabilitación para personas con adicciones, luego de denuncias sobre hacinamiento, presuntos maltratos y retenciones ilegales en establecimientos administrados por los llamados “rescatadores”, figuras que durante años han operado al margen del sistema formal de salud.
La medida surge como respuesta a una serie de reportajes que expusieron las condiciones en las que funcionan algunos de estos centros, donde personas con problemas de adicción o trastornos de salud mental son ingresadas por sus familiares y, en determinados casos, permanecen internadas sin la debida supervisión médica.
El director de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Juan Gerardo Mesa, informó que la institución ha intensificado las inspecciones en establecimientos que operaban sin autorización oficial.
“Estamos realizando un trabajo arduo y continuo en cada uno de estos establecimientos donde nos hemos enterado que se están brindando servicios que no están autorizados por el ministerio”, afirmó el funcionario.
Como parte de las acciones de supervisión, equipos técnicos visitaron los centros Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres, La Gloria es de Dios, Fundación Ejército de Dios Rescatando al Caído, Misión Yeshua y Nuevo Renacer Inc. Mujeres.
Durante las inspecciones, las autoridades verificaron las condiciones de infraestructura, alojamiento y atención ofrecida a los internos. En el centro Africano con Mi Barrio Hombres/Mujeres fueron observadas habitaciones de pequeñas dimensiones con camarotes, pisos de cemento y baños reducidos.
En tanto, en el centro La Gloria es de Dios, ubicado en Boca de Yuma y dirigido por Juan Carlos Martínez Guerrero, se constató que una vivienda había sido adaptada para funcionar como establecimiento de tratamiento. Allí se identificaron áreas comunes, cámaras de vigilancia, una habitación habilitada como enfermería y espacios para terapias grupales, además de la presencia de personal médico y psicológico.
Mesa explicó que gran parte de estos establecimientos no figuraban en los registros del Ministerio de Salud Pública y funcionaban sin la debida habilitación.
“Muchos de ellos nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de que existían. Al salir los reportajes hemos tenido una voz de alerta y hemos estado haciendo investigaciones por nuestra parte”, señaló.
Según indicó, el propósito de las inspecciones es identificar los centros que operan fuera del marco legal e integrarlos al sistema regulado mediante procesos de habilitación y supervisión.
A pesar de las irregularidades detectadas, las autoridades informaron que no ha sido necesario ordenar el cierre de ninguno de los establecimientos inspeccionados.
De acuerdo con Salud Pública, los responsables de los centros han mostrado disposición para cumplir con los requisitos legales y corregir las deficiencias identificadas.
“Hasta ahora no hemos tenido que clausurar ningún establecimiento porque los que hemos visitado de manera formal han acudido al llamado que nosotros les hemos hecho”, expresó Mesa.
El funcionario explicó que se han firmado acuerdos con los administradores para que completen los procesos de habilitación y adecuen sus operaciones a las normativas vigentes.
Entre los establecimientos inspeccionados figura la Fundación Ejército de Dios Rescatando al Caído, dirigida por el pastor Junior Guerrero Ceballo, centro que había sido mencionado anteriormente en denuncias relacionadas con la muerte de un interno y presuntos maltratos a pacientes.
Durante la visita, los inspectores evaluaron las áreas comunes, espacios de alimentación y zonas destinadas a actividades religiosas.
Las inspecciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la supervisión de un sector que durante años operó sin controles formales, en medio del aumento de la demanda de servicios para el tratamiento de adicciones y trastornos de salud mental.
Las autoridades sostienen que el objetivo principal no es únicamente fiscalizar, sino garantizar que estos centros cumplan con los estándares de atención, seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas que reciben tratamiento.
