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Santo Domingo, RD.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, procesados por corrupción administrativa en el marco de las operaciones Coral y Coral 5G.
Además, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes, además, deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Después de escuchar el dispositivo de la sentencia dictada a las 2:00 de la madrugada, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión como “histórica”.
"En este caso, el tribunal ha condenado a 29 personas. Evidentemente, esta es una sentencia ejemplar y una victoria para el Ministerio Público", dijo Camacho.
"La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es histórica, ya que ha condenado a la plana mayor de esta estructura criminal a penas de 10, 15 y 20 años", dijo.
"Y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la solidez de la investigación", añadió.
"Esperamos que, en la medida en que sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales continúen enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad", enfatizó Camacho.
El director general de Persecución representó al Ministerio Público en la audiencia, acompañado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Durante el proceso judicial, fueron enjuiciados 36 imputados, incluyendo a 26 personas físicas y 10 jurídicas. El juicio comenzó el 27 de junio de 2024.
La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto a partir de las 2:00 de la tarde, impone penas de 10 años de prisión a la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor de la policía José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas equivalentes a 400 y 200 salarios mínimos del sector público, respectivamente.
Además, se le impusieron 10 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público al teniente coronel Kelman Santana Martínez.
De igual manera, fueron condenados a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklin Antonio Mata Flores, la primera teniente de la policía Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara fueron condenados a cinco años de prisión.
Alejandro José Montero Cruz fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos del sector público.
De igual manera, Pedro Roberto Castillo Nolasco fue condenado a 3 años de prisión.
Asimismo, Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Epifanio Peña Lebrón fueron condenados a 5 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 100 salarios mínimos.
Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago fueron condenados a 5 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 50 salarios mínimos.
También fue sentenciado, por mayoría de votos, a 3 años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos Carlos Augusto Lantigua Cruz. Además, Raymel Pastor del Rosario Viola fue condenado a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos.
Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago de multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L.; Aldom Glass Aluminium, S.R.L.; Rawel Importadores, S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L.
Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago de multas equivalentes a 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L.; Aldom Glass Aluminium, S.R.L.; Rawel Importadores, S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L.
El tribunal colegiado emitió un fallo absolutorio para los procesados Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, aunque hubo varios votos disidentes.
El tribunal rechazó la solicitud de las defensas de 26 imputados, quienes pidieron a las juezas que declararan la extinción de la acción penal en el proceso por corrupción administrativa que afectó a varias entidades del Estado.
La jueza Giselle Méndez destacó que el proceso transcurrió sin dilación.
El tribunal determinó que con el dinero sustraído de las nóminas, los miembros del entramado adquirieron bienes. Este tribunal, a tenor de lo anteriormente señalado, entiende que existen elementos de prueba suficientes para determinar la participación de los imputados Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, José Manuel Rosario Pirón, Pedro Castillo Nolasco y Esmeralda Ortega Polanco en el esquema de sustracción de fondos de la nómina de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), comprometiendo su responsabilidad penal.
El tribunal señaló que, en relación con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la acusación sostiene que se intentó trasladar a esa institución parte de la estructura que venía operando en el Cestur y en el Cusep. Indicó que, según las pruebas presentadas, eso efectivamente ocurrió.
El mayor general del Ejército de la República Dominicana (ERD), Adán Cáceres Silvestre, se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, fue exsubdirector y subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou fue extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
La audiencia comenzó pocos minutos después de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó minutos antes de las 3:00 de la madrugada de este martes, 16 de junio de 2026.
El Ministerio Público acusó al grupo de generales de encabezar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) entre las entidades afectadas.
