

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que la denominada Operación Metro Surge, ejecutada por autoridades federales de Estados Unidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, provocó una crisis de derechos humanos en Minnesota, especialmente en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul.
La denuncia está contenida en el informe “Una crisis fabricada: comunidades de Minnesota aterrorizadas por el Gobierno federal”, divulgado este jueves por la organización, que documenta el impacto de las acciones desarrolladas durante el operativo.
Según HRW, las tácticas empleadas durante la operación forman parte de un patrón más amplio de despliegues masivos y abusivos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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El documento señala que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a unos 4,000 inmigrantes en Minnesota y que más del 75 % de ellos no tenía antecedentes penales en Estados Unidos.
La organización también sostiene que durante el operativo murieron los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, y afirma que agentes federales amenazaron a residentes con el uso de fuerza letal al apuntarles con armas en múltiples ocasiones.
Asimismo, denuncia que agentes rompieron ventanas de vehículos, empujaron al suelo a personas que no se resistían y utilizaron dispositivos considerados menos letales contra manifestantes.
HRW indica además que se produjeron actos de discriminación racial al detener, arrestar o encarcelar personas basándose en su aparente raza o etnia. Según el informe, más de 500 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante protestas relacionadas con el operativo.
La organización sostiene que las acciones desarrolladas durante varios meses afectaron distintos aspectos de la vida cotidiana en Minnesota. Entre las consecuencias señaladas figuran la reducción de asistencia a centros de salud, ausencias escolares y dificultades laborales por temor a los operativos migratorios.
Ante esta situación, HRW pidió reformas en el ICE y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas para las agencias federales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.