

Santiago, RD.- El Ministerio Público presentó este martes la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados vinculados a la estructura fraudulenta enfrentada con la Operación Onco14, quienes, con sus acciones, afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer al aprovecharse del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y sustraer, a través de diversas maniobras, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano persecutor solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como a su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y a su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Además, solicita que se declare el proceso de tramitación como complejo debido a la pluralidad y gravedad de los hechos imputados, así como a la posible pena a imponer en un juicio.
En la jornada de este martes, el equipo litigante que representó al Ministerio Público estuvo integrado por: el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También formaron parte del equipo Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
La titular de la Pepca presentó la solicitud de medida de coerción ante la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
El pasado viernes, la jueza aplazó la medida para este martes, a solicitud de los abogados defensores.
Pasadas las 9:00 de la noche de este martes, la magistrada Reyes suspendió la audiencia hasta el jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde, cuando comenzará la etapa de réplica y contrarréplica. La audiencia había comenzado este martes alrededor de las 6:00 de la tarde.
Por el caso, están siendo procesados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, se divorció del imputado en 2014. Ocupó la Vicepresidencia y, al mismo tiempo, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Los tres procesados fueron arrestados durante la Operación Onco14, liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda delitos como el fraude clínico y farmacéutico, que incluyen el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, se prohíben las donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Asimismo, el uso de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, los gastos de representación ilegítimos y los reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como el sabotaje digital, el robo de archivos y el lavado de activos.
Según la investigación del Ministerio Público, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos y crearon la fundación Tócate, con la cual desviaban fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago. Otro de los mecanismos para desviar fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que trabaja en este tipo de entidades.
La Operación Onco14 se llevó a cabo con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), lo que resultó en la incautación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo enfrenta cargos por asociación ilícita, estafa al Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, uso indebido de códigos de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.