ANADIVE muestra preocupación por aprobación de ley de Residuos Sólidos sin escuchar sectores

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su preocupación por la aprobación acelerada en el Senado del proyecto de modificación de la Ley 98-25 (anteriormente 225-20) de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin haber consultado a los actores involucrados que se verán afectados por dicha legislación.

César De los Santos, presidente de la entidad, manifestó que esto ocurrió principalmente sin contar con el respaldo de un estudio técnico-económico que sustente la toma de decisiones en un tema sensible para las operaciones y la competitividad de las empresas, especialmente para las pequeñas, medianas y MiPymes, lo que pone en peligro su subsistencia y el empleo.

Indicó que se recuerda que, en el primer cuatrimestre de este mismo año, las autoridades hicieron un “acuerdo verbal” con las asociaciones empresariales para llegar a un consenso y adecuar la referida ley.

"Nos unimos a las voces que aspiran a una ley moderna de residuos sólidos, pero que tenga en cuenta las dificultades de las pequeñas empresas, la equidad fiscal y la visión de futuro de la nación, sin limitar las posibilidades del desarrollo nacional", afirmó.

"Reconocemos que la pieza legislativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, ofrece una gran oportunidad para elaborar un proyecto equilibrado, de conformidad con el interés nacional y las aspiraciones de las asociaciones, entidades y empresas que presentan objeciones y sugerencias", precisó el presidente de ANADIVE.

Dijo que, en un espacio plural y democrático, se hace evidente la necesidad de ampliar la consulta, el diálogo constructivo y la deliberación técnica, a fin de lograr una normativa más "imparcial, equitativa y justa", que promueva la formalización y el crecimiento de las pequeñas empresas, y que evite llevarlas a la quiebra.

César De los Santos señaló que, en el proyecto aprobado, y que ahora será revisado nuevamente por la Cámara de Diputados, persisten varias inequidades que podrían ser entendidas, corregidas o enmendadas con buena voluntad. Por lo tanto, hacemos las siguientes precisiones:

Sostuvo que, en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%). Aunque pueden tener un alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades los obtienen principalmente a partir de comisiones por venta.

Recordó que, como tal, está reconocido en la DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Tal como afirmamos anteriormente, el proyecto aprobado tiene "un pecado original". Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por venta, ya que, al momento de realizar las operaciones, las empresas deben restar el costo de las mercancías, recibiendo solo las utilidades o beneficios brutos.

Manifestó que, por ejemplo, una empresa que vende RD$ 100 millones al año y cuyo costo de la mercancía puesta a la venta es de RD$ 95.0 millones, tiene un margen del 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas.

Por lo tanto, es incorrecto gravar el ingreso total por venta, ya que nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido. Además, es necesario evitar la doble tributación, dado que los vehículos de motor pagan entre un 1% y un 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2). Asimismo, las empresas también cubren adicionalmente la recogida de desechos sólidos (basura), situación que el proyecto de ley debe considerar.

Al observar las cantidades de las "Contribuciones" de la Ley 225-20 (Original), en comparación con los valores propuestos por el Proyecto de Modificación (aprobado por los Senadores), todavía se registran valores excesivos. Se aumentan las categorías de los montos entre RD$ 3,000 y RD$ 675,000, lo que incrementa los valores porcentuales a pagar en varios renglones.

Como es de conocimiento de todas las empresas que forman parte del sector automotriz, al cual representamos, estas son grandes contribuyentes con altas tasas impositivas (aduanales y fiscales), que sirven para el sostenimiento del aparato estatal. Por lo tanto, es necesario evitar cualquier medida que altere sus operaciones y el clima de negocios.