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Los delitos contra el honor se siguen usando en América Latina en perjuicio de los periodistas, amenazando así la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, según se alertó esta semana en una mesa redonda auspiciada por la Unión Europea (UE) desarrollada en Panamá, en paralelo a la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El encuentro fue organizado por Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, financiado por la UE, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
La cita congregó a 20 participantes de los cuatro países que integran el proyecto, entre ellos magistrados y jueces, representantes de defensorías del pueblo, diputados y exdiputados impulsores de reformas legislativas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y directores de medios de comunicación.
En la mesa se señaló que el uso de procesos civiles y penales contra periodistas por presuntos delitos de injurias y calumnias -conocidos como delitos contra el honor- continúa representando una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina.
El panorama regional «evidencia no solo el incremento de demandas civiles contra periodistas – que generan costos económicos y desgaste emocional – sino también nuevas formas de regulación de la expresión en entornos digitales mediante normas sobre ‘odio’, ‘ciberdelitos’ y otras figuras que podrían afectar expresiones críticas de periodistas y de la ciudadanía en general».
Así lo indicaron la profesora y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, Giselle Boza, y el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, según informó un comunicado oficial.
En varios países persisten demandas contra periodistas y medios de comunicación por montos desorbitados que pueden comprometer la sostenibilidad de los medios y generar efectos inhibitorios sobre el debate público, promoviendo prácticas de autocensura, dijeron los participantes.
Durante el diálogo también se destacó el caso de Costa Rica, que a inicios de 2026 reformó su Ley de Imprenta de 1902, eliminando sanciones que contemplaban hasta 120 días de arresto por injurias y calumnias, un «avance que aún no refleja una tendencia regional», afirmaron los participantes.
«Es fundamental que los periodistas puedan ejercer su labor libremente, sin miedo a las repercusiones; solo así podrán cumplir su rol como guardianes de la verdad y defensores del derecho ciudadano a saber», expresó la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz.
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que la posición que sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consiste en recomendar «descriminalizar”.
«La prioridad va a seguir siendo la eliminación de los delitos contra el honor, que aún persisten en varios países de la región», enfatizó Vaca.
El relato advirtió asimismo que «la irrupción de la tecnología» representa nuevos desafíos relacionados con mecanismos directos de censura.
La Asamblea General de la OEA, que se celebró esta semana, reafirmó su compromiso con la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el multilateralismo como herramienta para fortalecer la cooperación hemisférica.
