

Santo Domingo, RD.- A solicitud del Ministerio Público, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción impuesta a Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal que solicitó un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró la decisión del tribunal de alzada.
“El Ministerio Público planteó que no procedía revisar la medida de coerción en el día de hoy, como consecuencia del recurso que recientemente conoció la Suprema Corte de Justicia el pasado 3 de junio”, dijo Camacho a periodistas de diferentes medios de comunicación que lo abordaron a la salida del tribunal.

Camacho mencionó que el tribunal consideró el tercer párrafo del artículo 243 del Código Procesal Penal, el cual establece: "A partir del recurso, se debe realizar un nuevo cómputo de la fecha para la revisión obligatoria".
“Esa fecha corresponde al 3 de septiembre, como planteamos al tribunal, y el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público, dejó sin efecto la audiencia y fijó la revisión para el próximo 3 de septiembre”, subrayó.
"La revisión es obligatoria cada 3 meses, pero si las partes apelan o revisan la medida de coerción, esa fecha se pospone. Ese recuento que ha hecho el tribunal la ha fijado para el próximo 3 de septiembre", reiteró.
En relación con los alegatos de la defensa, afirmó que "tanto el tribunal que impuso la medida de coerción como cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia opinan de manera contraria a lo que ha establecido la defensa, que no hay suficiente arraigo.
Por esa razón, la corte decidió mantener la medida de coerción.
La jueza Nancy Joaquín basó su decisión en que, como le explicó el fiscal Eduardo Velázquez durante la audiencia, la medida de coerción fue ratificada el pasado 3 de junio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Al procesado Valdez Alcántara se le impuso prisión preventiva el pasado mes de mayo por un período de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
El Ministerio Público le imputa la violación de varios artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue impuesta por la jueza del Juzgado de Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, después de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, que incluso solicitó la nulidad del proceso.
Según el expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), cantidad que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) durante una negociación.
Se denunció que el ex fiscal también mostró interés en un reloj de la marca Rolex y exigió un automóvil de la marca Mercedes Benz.