

Santo Domingo, RD.-. El nuevo Código Penal dominicano, previsto para entrar en vigor en agosto, establece disposiciones que podrían transformar radicalmente el ejercicio del periodismo y la comunicación en el país, al responsabilizar penalmente no solo a los comunicadores que cometan delitos de difamación, injuria, ultraje o bullying cibernético, sino también a los propietarios de los medios de comunicación donde estos se produzcan.
Así lo explicó el abogado Amadeo Peralta, quien señaló que el artículo 29 del nuevo código autoriza al juez a ordenar la confiscación de todos los equipos utilizados en la comisión del delito, incluyendo micrófonos, cámaras, equipos de edición y computadoras, bienes que podrían ser incautados para pagar los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.
Pero las consecuencias no se detienen ahí: el juez también podrá suspender el título o licencia del comunicador para ejercer hasta por tres años, ordenar su salida del programa por un período de hasta cinco años, o incluso revocar de manera definitiva el exequatur otorgado por el Poder Ejecutivo y la licencia emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), lo que implicaría no solo la salida del programa, sino del propio medio o plataforma digital.
Peralta destacó además que los dueños de las plantas televisoras podrían ser corresponsables penales de los delitos cometidos por los comunicadores de sus paneles, enfrentando sanciones que incluyen desde la incautación de equipos hasta el uso de sus bienes personales para cubrir indemnizaciones a los afectados.
Estas disposiciones han generado una profunda preocupación en el gremio periodístico, sumándose a los cuestionamientos que ya han llevado a múltiples sectores a someter recursos ante el Tribunal Constitucional para declarar el código inconstitucional. Ante este panorama, el ministro de Justicia anunció que tiene listo un nuevo proyecto de Código Penal que someterá al Congreso Nacional como alternativa al texto que está próximo a entrar en vigencia.