Participación ciudadana exige entrada en vigor del Código Penal pese a amenazas a la libertad de expresión y otras debilidades

Santo Domingo, RD.- El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró este martes que el Código Penal debe entrar en vigencia a partir del 3 de agosto, a pesar de los reclamos de diferentes sectores sobre una supuesta amenaza a la libertad de expresión.

Entiende que "no es un buen precedente extender el plazo para su entrada en vigencia o vacatio legis, por lo que debería entrar en vigor al concluir dicho plazo".

Afirmó que la solución a las debilidades del Código Penal debería producirse en cualquier momento, y cuanto antes, mejor. "Incluso antes de su entrada en vigor, ya sea por obra del propio Congreso, que debería corregir sus errores con prontitud, o mediante decisiones del Tribunal Constitucional, que ya está encargado de algunas de estas correcciones".

Entre las correcciones, el movimiento Participación Ciudadana menciona la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, con el fin de proteger la salud y la dignidad de las mujeres.

"Lo mismo ocurre con la difamación y la injuria, así como con el ultraje, que deben ser despenalizados para seguir la tendencia mundial, protegiendo de esa manera la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo", dijo.

El Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas tan sensibles como la violencia de género e intrafamiliar, incluyendo el feminicidio; cibercrímenes y delitos tecnológicos; delitos financieros y de corrupción; y crímenes graves como los de lesa humanidad, genocidio, sicariato, autosecuestro, obstrucción de la justicia, entre otros.

En materia de corrupción, la modificación del Código Penal sanciona la corrupción pública y establece que la concurrencia de varias conductas que configuren distintos tipos penales implicaría la imposición de todas las penas correspondientes a cada una de las infracciones.

Igualmente, se sancionan el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, el acuerdo ilícito entre comerciantes, la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros y la sobrevaluación ilegal.

Asimismo, se sanciona la distracción de recursos cometida por un tercero en complicidad con un funcionario público, el pago irregular en contratos administrativos, y se establece que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años.

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado trabajando en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias del nuevo Código Penal. Por lo tanto, esperamos conocer su contenido y que se someta sin dilación al Congreso, el cual debería ser el más interesado en corregir sus propios errores.