Entre la puerta abierta y la frontera cerrada: la paradoja migratoria dominicana

Santo Domingo.- La línea que divide a la República Dominicana y Haití no solo marca el límite entre dos naciones. A lo largo de sus 391 kilómetros de frontera se cruzan historias de esperanza, necesidad, conflictos y decisiones políticas que, con el paso de los años, han definido una de las relaciones más complejas del Caribe.

Mientras los vehículos militares vigilan los pasos fronterizos y los operativos migratorios se intensifican, otra realidad emerge de los registros oficiales. Desde 2018 hasta 2026, el Estado dominicano ha otorgado 60,306 residencias a ciudadanos haitianos, convirtiendo a Haití en el país cuyos nacionales han recibido la mayor cantidad de permisos de residencia en territorio dominicano.

Las cifras revelan un contraste que llama la atención. En promedio, 6,701 haitianos obtuvieron una residencia cada año durante ese período, equivalente a unas 558 autorizaciones mensuales. Detrás de cada documento existe una historia distinta: trabajadores, estudiantes, familias o personas que lograron regularizar su estatus tras cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.

Sin embargo, el panorama cambió con fuerza a partir de 2024. El Gobierno del presidente Luis Abinader endureció su política migratoria frente al incremento de la migración irregular, impulsado por la profunda crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití.

Desde entonces, los operativos de control se multiplicaron y las deportaciones alcanzaron cifras sin precedentes. Más de 670,500 haitianos en condición migratoria irregular fueron repatriados entre 2024 y la actualidad. Solo en el primer semestre de 2026, las autoridades registraron 196,321 deportaciones.

Así, dos estadísticas avanzan en paralelo. Mientras miles de ciudadanos haitianos obtienen la oportunidad de permanecer legalmente en el país mediante un proceso de regularización, cientos de miles son retornados por carecer de documentos válidos.

La dualidad refleja el desafío que enfrenta la República Dominicana: mantener un sistema que permita la migración regular y, al mismo tiempo, reforzar el control sobre quienes ingresan o permanecen de manera irregular.

La frontera compartida, el intercambio comercial y los movimientos de población han convertido la migración en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.