Gobierno da marcha atrás y propone cambios al nuevo Código Penal

Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo remitió al Senado de la República un anteproyecto de ley para modificar 18 artículos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mientras que un grupo de diputados de distintas bancadas presentó una iniciativa paralela para revisar varios aspectos de esa misma legislación, con énfasis en las disposiciones sobre difamación y la protección de la libertad de expresión en asuntos de interés público.

La propuesta depositada en la Cámara de Diputados el pasado 7 de julio de 2026 busca establecer una distinción entre las imputaciones relacionadas con hechos de interés público o el desempeño de funcionarios y aquellas que involucren la vida privada de las personas.

Además, plantea modificaciones a los artículos relativos a la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento, el delito de difamación, el ultraje contra la autoridad pública y las certificaciones médicas falsas.

La información fue confirmada por 7DÍAS.COM a través de una fuente de alto nivel del Congreso Nacional, que reveló los detalles de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa legislativa fue presentada por diputados de diversas organizaciones políticas, entre ellos Amado Antonio Díaz Jiménez (PRM), Carlos de Pérez Juan (Fuerza del Pueblo), Gustavo Antonio Sánchez García (PLD), Eduviges María Bautista Gomera (PRM), Braulio de Jesús Espinal Tavárez (DXC), Julio Emil Durán Rodríguez (PRM), Rogelio Antonio Genao Lanza (PRSC), Jorge Manuel Zorrilla González (PCR) y Fiordaliza Estévez Castillo (PRSC), en una muestra de respaldo multipartidario a la revisión de la normativa.

Uno de los principales cambios propuestos corresponde al artículo 208 sobre difamación, el cual define este delito como la alegación o imputación pública de un hecho preciso o concreto que afecte el honor, la consideración, el buen nombre, la imagen, la dignidad o la integridad familiar de una persona física o jurídica.

Las iniciativas forman parte de los esfuerzos que se desarrollan en el Congreso Nacional para revisar aspectos específicos del nuevo Código Penal antes de su entrada en aplicación.