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Los escándalos por casos de corrupción en América Latina no paran. A los sonados Lava Jato, en Brasil; Vialidad, en Argentina; y Odebrecht, que salpicó a toda la región, se suma uno nuevo en Ecuador. ¿El resultado? Trece gerentes generales de las principales empresas estatales del país despedidos por eventuales irregularidades administrativas.
El escándalo que llevaba varios días fraguándose, estalló finalmente en las últimas horas, luego de que en la cuenta oficial de Twitter de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), se diera a conocer que el presidente del directorio de esa institución, Joaquín Ponce, había solicitado a la Contraloría General del Estado “el inicio de un Examen Especial a los procesos administrativos y financieros, desde el 21 de julio de 2021 hasta la presente fecha, de las empresas públicas”.
Inmediatamente después, la misma institución, y por igual medio, publicó un oficio de cuatro páginas en el que por orden del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se solicitaba a 13 gerentes generales, de igual número de empresas estatales, poner sus cargos a disposición.
La medida incluye a Petroecuador, la mayor empresa del país, con activos cercanos a US$ 10 mil millones y un presupuesto de US$ 4.500 millones, pero que desde hace tiempo ha estado marcada por denuncias de corrupción. A fines de 2022, Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido en Estados Unidos, donde está siendo ahora procesado por lavado de activos.
Además del director ejecutivo de la petrolera estatal, Hugo Aguiar, la lista incluye a Ángel Urquillas, CEO de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec); Antonio Icaza, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Agustín Reyes, de la Empresa Nacional Minera (Enami); Oswaldo Rosero, de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); John Mackliff, de la Empresa Pública del Agua (EPA); y Ralph Suástegui, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
A ellos se suman además, Byron Machuca, de Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); María Verónica Alcívar, del Servicios Postales del Ecuador; Rafael Castillo, de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador; Aníbal López, de la Empresa de Municiones Santa Bárbara; Julio Vásquez, de Creamos Infraestructura; y finalmente Carlos Guayaquil, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
Las últimas medidas fueron anunciadas un día después de que el presidente Guillermo Lasso ordenara que se localice al expresidente de EMCO, Hernán Luque y al ciudadano Rubén Chérrez, a quienes se les atribuyen varios audios que se hicieron públicos y en los que hablan de recibir pagos.
Aunque los ejecutivos ya pusieron sus cargos a disposición, la renuncia no se hará efectiva de manera inmediata, y las autoridades tendrán dos semanas para evaluar sus casos, al cabo de las cuales decidirán cuáles merecen ser aceptadas y cuáles rechazadas.
El 9 de enero, el medio digital ecuatoriano La Posta dio a conocer una serie de audios que comprometían en presuntas irregularidades en el sector eléctrico al expresidente de EMCO, Hernán Luque, y a un civil identificado como Rubén Chérrez.
Según el medio, el líder de esa presunta red de corrupción es el empresario y cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera. Así, y según se describe, Luque sería el hombre de confianza de Carrera, mientras que Chérrez sería un amigo y el supuesto ejecutor de las operaciones irregulares lideradas por el cuñado del presidente.
Ese mismo día, Carrera, a través del estudio jurídico Carmigniani Pérez, rechazó tajantemente ser parte de esta estructura vinculada a operaciones irregulares. Sus abogados, además, pidieron al medio abstenerse de difundir más detalles sobre esta investigación, argumentando que si lo hacían, eso los “podría beneficiar” en el proceso legal que emprenderían en su contra.
Este lunes, el empresario demandó al periodista Andersson Boscán, del medio digital, por supuestas difamaciones por una cuantía que asciende a US$ 500 mil.
Con este telón de fondo, y ante la escalada de la polémica, ese mismo lunes desde Davos, en Suiza, donde participa del World Economic Forum, el presidente del país sudamericano rompió el silencio y publicó un video en su cuenta de Twitter refiriéndose al hecho.
Lasso informó que apenas tuvo conocimiento de los audios contactó al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y le dispuso ubicar a Luque y a Chérrez, incluso con apoyo internacional de la Interpol si es que hubieran huido del país.
“Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación (Diana Salazar) con el propósito de acelerar los procesos y de ser el caso se emita la orden de prisión preventiva”, agregó. “Caiga quien caiga, estaré del lado de la defensa de los intereses de todos ustedes los ecuatorianos”, destacó el mandatario que aseguró que “jamás ha tolerado la corrupción”. Fuente DFSud
