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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • lunes 13 marzo, 2023

Debate sobre admisión de Ramiro Matos González en la Academia Dominicana de la Historia se calienta, nuevos cuestionamientos

SANTO DOMINGO, RD. -El enfrentamiento entre familiares los asesinados luchadores antitrujillistas Manolo Tavarez Justo y su esposa Minerva Tavarez Mirabal y la Academia Dominicana de la Historia por la admisión como uno de sus miembros del ex jefe militar Ramiro Matos González, continúa generando controversias y rechazo.


Esta vez, Pedro San Miguel, historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, dirigió una extensa comunicación al presidente de la ADH, el historiador Juan Daniel Balcácer en la que señala que además de alarmante la decisión, los argumentos para aceptar dicha membrecía “constituye un grave desacierto”.


En referencia a una carta dirigida a la entidad por los hermanos Minou y Manolo Tavárez Mirabal en la que cuestionan el nombramiento de Ramiro Matos González a la Academia Dominicana de la Historia, el académico puertorriqueño recuerda al presidente de la academia su “consternación” por tardanza en responder una explicación al respecto.


Señala que el 28 de diciembre pasado recibió una comunicación por correo electrónico del presidente de la ADH, Juan Daniel Balcácer, “indicándome que, luego del receso navideño, se consideraría dicha cuestión”.


Indica que luego de una larga espera “finalmente llega su determinación, que ratifica la membresía de Matos González a la ADH. El juicio de la ADH se basa estrictamente en argumentos legales, lo que, a mi juicio como historiador, constituye un grave desacierto”.
El profesor San Miguel expone en su texto, copia del cual obtuvo ACD Media, que siendo apenas un estudiante, aprendió que la ley no es equivalente a la verdad histórica.


“Fue esa discrepancia, se puede argüir, la que sustentó el primer grito por la justicia en América: el inflamado sermón de Antón de Montesinos contra la esclavización de los indígenas de La Española, que constituye, precisamente, un enardecido cuestionamiento a la verdad jurídica, impuesta por el Imperio español, de frente a la verdad histórica: la esclavización y el virtual exterminio de los indígenas”.


Sostiene que a lo largo de la historia, quienes han detentado el poder han abusado de él, cometiendo toda clase de desmanes. Pese a ello, la inmensa mayoría de los responsables “nunca han llegado a ser juzgados por sus fechorías, iniquidades y crímenes”.


Agrega que “hoy en día, sería un total contrasentido —amén de una perversa distorsión histórica, por tanto, un dolo a la disciplina de la Historia— concebir y enseñar el pasado colonial en base, exclusivamente, a las leyes, las determinaciones jurídicas y los decretos del Estado español en América”. Constituiría tal ejercicio una monumental falsificación de la historia, del acontecer social, ya que nunca en ningún lugar y en ninguna época, la verdad jurídica es equivalente, sin más, a la verdad histórica.


Es este, añade, para mí, un principio, un axioma conceptual y metodológico que debe regir la indagación sobre el pasado. Aceptar la conformidad entre verdad jurídica y verdad histórica equivaldría, por ejemplo, a dar por buena la noción española de la “guerra justa”, expresada en ese cuestionable instrumento legal que fue el Requerimiento.


Expone que a distinguir entre la verdad legal y la verdad histórica lo aprendí durante mis primeras investigaciones, siendo un joven historiador —ya no soy joven, aunque sí historiador—, mientras examinaba protocolos notariales sobre la propiedad de la tierra como parte de mis pesquisas sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XIX”.

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