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Internacionales 
  • Por: La Redacción
  • martes 05 marzo, 2024

Abogada de colombianos detenidos en Haití aseguró que los querían “acribillar” fuera de la cárcel de Puerto Príncipe

Los 17 exmilitares permanecen retenidos en una estación de policía, desde donde solicitan mayores medidas de seguridad tras los incidentes en el centro penal en el que permanecían

En la noche del sábado 2 de marzo de 2024 se registró uno de los episodios más violentos en la historia de Haití. Un comando armado se tomó la cárcel principal de Puerto príncipe, capital del país centroamericano, provocando la fuga, así como la muerte de miles de presos.

Dentro del centro penal permanecían los 17 exmilitares colombianos acusados de haber participado en el operativo en el que fue asesinado el expresidente haitiano Jovenel Moïse. Sin embargo, los connacionales decidieron permanecer en la cárcel, temiendo que los criminales que se tomaron la prisión quisieran atentar contra su vida.

Frente a elloel Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia solicitó al Gobierno de Haití “especial protección” para los exuniformados, quienes fueron trasladados hacia una estación de Policía en la capital del país centroamericano, donde no contarían con las medidas de seguridad suficientes.

Tras conocerse la situación, la abogada de los sindicados aseguró que en medio del atentado, había quienes querían atacar a los colombianos, que lograron mantenerse refugiados en una de las celdas del penal.

Incluso, la jurista Sondra Macollins Garvin aseguró que parte del comando armado que tomó el poder del penal de Puerto Príncipe entre la noche del sábado 2 y del domingo 3 de marzo tenía la intención de “acribillar” a los exmiembros de la fuerza pública colombiana.

“Ellos sacaron a cuatro de los detenidos por el caso de Moïse y los connacionales permanecieron como refugiados dentro de una de las celdas. Estaban esperándolos para acribillarlos fuera del penal”, aseguró.

La situación ha obligado a las autoridades colombianas a solicitar medidas para que los connacionales puedan salir del país centroamericano en los próximos días, alegando que las medidas de seguridad no son suficientes en medio de la tensa situación de orden público que allí se registra.

“Estamos pendientes del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ver si dan la medida cautelar de protección de la vida. La Cancillería está al frente de la situación, tratando de hacer los oficios diplomáticos”.

No obstante, la jurista enfatizó en que el panorama no es el mejor, teniendo en cuenta que la administración en Haití permanece inconclusa, lo que genera que no existan garantías para un proceso como en el que están inmersos los colombianos.

“Desafortunadamente, el país está completamente desinstitucionalizado, no hay canales para saber los procedimientos, cuál es el respeto de la Constitución o el de la ley. No hay forma de garantizar nada”.

Se escucharon disparos cerca de la estación de Policía donde están los colombianos en la tarde del lunes 4 de marzo

A los constantes llamados por la seguridad de los connacionales se suman reportes que indican múltiples disparos en los alrededores de la estación de Policía en la que están los exmilitares. Por ejemplo, el periodista Michael Deibert dio a conocer que hombres armados deambularon cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe en la tarde del lunes 4 de marzo.

Esto, también estaría relacionado con la presunta llegada del primer ministro Ariel Henry, que viajó a Kenia a finales de febrero de 2023 con el fin de buscar recursos para hacer frente a las bandas criminales que están sembrando el terror en Haití. El mandatario permanece desaparecido desde que se registró el ataque a la cárcel

Cabe anotar que, según indicaron las autoridades de ese país, nueve personas han muerto desde el jueves 29 de febrero de 2024 en medio de los múltiples enfrentamientos entre las estructuras criminales y la fuerza pública.

Además, desde el magnicidio de Jovenel Moïse, registrado el 7 de julio de 2021, Haití experimento una profunda crisis, caracterizada por el control de bandas armadas sobre el 80% de Puerto Príncipe. La situación se agravó con un aumento significativo de delitos violentos, como secuestros, atracos a mano armada y robos de vehículos.

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