El presidente de Ecuador declaró un nuevo estado de excepción contra el crimen organizado

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la declaración de un nuevo estado de excepción focalizado en varias provincias del país después de que la última medida de este tipo fuese declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al señalar que su carácter extraordinario no estaba debidamente fundamentado.

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Este fue el principal acuerdo tomado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), celebrado este miércoles en el Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, con la presencia del presidente Daniel Noboa.

El estado de excepción es por un plazo de 60 días y regirá en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbios, Orellana, Los Ríos; y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay.

En estas zonas se registraron 1.920 muertes violentas este año, lo que representa cerca del 87% del total nacional, según el decreto ejecutivo 275. Los homicidios contra niños, niñas y adolescentes en estas provincias representan el 82% de la totalidad nacional, es decir 147 víctimas.

En un pronunciamiento ante periodistas, la asesora presidencial Diana Jácome destacó que la decisión de este nuevo estado de excepción ha sido decidida de forma unánime y cuenta con el apoyo de todos los miembros del Cosepe.

Jácome argumentó que el estado de excepción “es necesario en varias provincias por el número actos delictivos del que cada uno de nosotros hemos sido testigos”.

“Es importante tomar acciones y por ello el Gobierno nacional ha decidido decretar un nuevo estado de excepción. La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno”, incidió.

La funcionaria señaló que el decreto será entregado a la Corte Constitucional “para que emita el dictamen que corresponda”.

El pasado viernes 10 de mayo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el anterior estado de excepción decretado por Noboa para combatir la delincuencia organizada por sesenta días en cinco provincias (Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro), todas ellas situadas en la zona costera del país.

En su dictamen, con siete votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en su nueva declaración de estado de excepción no ha justificado la configuración de “conflicto armado interno” esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.

La magistrados constitucionales resolvieron que “tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario.