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Internacionales 
  • Por: La Redacción
  • martes 11 junio, 2024

Víctimas de abusos en la Iglesia exigen que se tramite la ley para que no prescriba la pederastia: “Mi agresor vive en un retiro dorado”

Varias víctimas se concentran este martes frente al Congreso para pedir que la propuesta de ley, de iniciativa autonómica, que aprobó en febrero el Parlament de Cataluña sea tomada en consideración “antes del verano”

Miguel Hurtado fue víctima de abusos sexuales durante la adolescencia por parte del monje Andreu Soler, quien durante muchos años lideró un grupo de jóvenes scouts en la Abadía de Montserrat, en Barcelona. Logró romper su silencio en 2019, cuando denunció a su agresor, una acción a la que sumaron otras víctimas. Y pesar de que una comisión de transparencia creada por la propia abadía concluyó que Soler había abusado de al menos 12 personas más durante tres décadas, el religioso nunca pudo ser juzgado ni condenado, porque cuando las víctimas reunieron el valor de denunciar los delitos ya habían prescrito.

Con el objetivo de que esa situación no se vuelva producir, el Parlament de Cataluña aprobó el pasado mes de febrero, con los votos a favor de PSC, Comuns, ERC, Junts y Ciudadanos, una propuesta de ley, de iniciativa autonómica, para que los delitos de pederastia no prescriban, y ante la posibilidad de que se alarguen los plazos, las víctimas exigen que se tramite de urgencia y que se realice la votación de toma en consideración en el Congreso de los Diputados “antes del verano”.

La propuesta establece que los delitos de abuso sexual infantil de mayor gravedad (castigados con una pena de prisión máxima de 5 o más años) no prescriban y que el resto de estos delitos lo hagan cuando la víctima cumpla 50 años.

“A pesar de múltiples intentos, ha sido imposible establecer una reunión entre los impulsores de esta importante ley de derechos civiles con el ministerio de Justicia o el grupo parlamentario socialista. En contraposición, el Ministerio de Infancia, dependiente de Sumar, accedió a tener una reunión, que se celebró el lunes 27 de mayo y está actualmente estudiando la propuesta”, han señalado en un comunicado las víctimas, algunas de ellas reunidas este martes frente al Congreso para pedir soluciones. Tanto Hurtado como Laura Calzada y Jordi de la Mata, protagonistas del documental La Huida sobre abusos sexuales en colegios jesuitas, están presentes en esa protesta.

La justicia “debe hacer limpieza”

En este sentido, Calzada ha denunciado que su “abusador” vive “un retiro dorado, porque sabe que los delitos que cometió durante décadas van a quedar impunes porque han prescrito”. “Los profesores de mi generación veían como mi agresor frecuentemente entraba en la clase para que saliera con él e ir a un lugar privado. Siempre pedía que saliera yo. ¿No sospechaban nada? Hasta ahora la escuela ha guardado silencio”, lamenta esta mujer, que destaca la necesidad de que la justicia “haga limpieza, porque la Iglesia es incapaz” y aún hay un largo camino que recorrer. En esta misma línea se ha mostrado De la Mata, que ha dicho que “la prescripción de los delitos de pederastia es la mejor aliada de los abusadores y encubridores para seguir yéndose de rositas y la bestia negra de las víctimas”.

Por su parte, Hurtado ha recalcado que “no puede haber reparación de las víctimas sin garantías de no repetición”. Además, ha pedido al PSOE y a Sumar “acelerar” la tramitación de la ley. “El Parlament de Cataluña escuchó la voz de las víctimas y tramitó la ley de urgencia. Sorprende que ‘el Gobierno más progresista de la historia’ no esté haciendo lo mismo. No hay nada más progresista que defender a los sectores más vulnerables de la población de los abusos de los poderosos”, ha concluido.

La concentración de estas víctimas frente al Congreso se produce tan solo unos días después de que el diario El País desvelara la existencia de una red de pederastia organizada en torno a niños de la parroquia San Félix Africano, en Barcelona, un caso ocurrido en los años 70.

Los supervivientes también recuerdan que el informe sobre abusos en la Iglesia que presentó el pasado mes de octubre el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, estimó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales, un 1,13% de la población adulta.

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