Financiamiento propio y estatal de los partidos políticos 1/3

“El único modo de resolver los problemas es conociéndolos, saber que existen. El simplismo los cancela y así los agrava”. Giovanni Sartori.

Asumir esta conferencia es un reto, como enorme desafío ha sido para los organizadores diseñar y llevar a cabo hoy este importante Congreso Internacional: Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos.

Para nosotros, mirando de cara al futuro la temática, nos lleva a comprender la importancia del financiamiento dentro del contexto cultural-institucional del desarrollo político y las calidades de los actores involucrados. Es la necesidad de apuntalar desde la mirada amplia, holística, que contenga el qué, por qué y para qué y el cómo.

¿Qué logramos alcanzar con el financiamiento propio y estatal? ¿Cuál era el objetivo nodal cuando se planteó la necesidad del financiamiento estatal? ¿Hemos logrado lo que se estipuló en la Ley 275-97 en 1998? ¿Tenemos más y mejor democracia como resultado del financiamiento estatal? ¿A partir del financiamiento hubo más acercamiento de los partidos con su militancia y puente fluido con la ciudadanía o se propició un alejamiento con el tiempo más abismal?

La médula espinal era y sigue siendo, más y mejor democracia. Tenemos hoy tres modelos de democracia: elitista competitivo, hacia nuevos peldaños pluralista y más todavía, participativo y representativo. Esa cruzada que necesariamente tapiza y crea taxonomía de desarrollo nos lleva, inexorablemente, a mejores derechos democráticos. Allí donde damos el salto de los derechos civiles a los derechos políticos, para llegar a los derechos sociales y así robustecer de contenido cierto la Constitución que establece un Estado Social y Democrático de Derecho en su Artículo 7, el cual reza así: “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Los partidos políticos son en la democracia lo que la familia es a la sociedad y los puestos o cargos son a las organizaciones. El uno no puede existir sin el otro. Constituyen una constante relación dialéctica, una correspondencia biunívoca expresando la dinámica de su relación en equilibrio, donde sus contradicciones fluyen como expansión del cambio para avanzar. Sin embargo, una familia disfuncional daña a un ente, una organización que no recluta, selecciona, motiva y evalúa a su personal sale del mercado. Cuando ocurre en los partidos, como entes privados de intereses colectivos, se resiente la sociedad toda, se atomiza y trauma en su desarrollo económico-institucional y social, dificultándole el tercer tramo del alcance democrático: los derechos sociales.

Ya no es dable per se una democracia electoral. Son importantes, son necesarias, como primigenia de un todo. Ella no lo es todo, empero, sin ella no se alcanza nada y nos falta todo. Con mucha sabiduría Mahatma Gandhi nos dijo “La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas del mundo”. El financiamiento es importante, tanto el estatal como el propio, no obstante, ¿qué hacemos?, ¿cómo no hemos podido evitar otras fuentes de financiamiento que desgarran el cuerpo social dominicano con dinero que proviene de la corrupción administrativa, del lavado, del narcotráfico, esto es, del crimen organizado? Es una simple obviedad, el dinero, ya sea propio, privado o público requiere de control, de límites, de sanción y publicidad, elementos esenciales y expeditos para la democracia con calidad.

Una mirada de corte longitudinal no nos debe llevar a la nostalgia de la creación de la Ley 275-97 y la 289-05, y, finalmente, las Leyes 33-18 y 15-19 (Partidos políticos y Régimen Electoral). Lo interesante es auspiciar que los partidos políticos enfoquen su atención, su verdadera óptica, a los valores de la democracia, como son:

1. Libertad,
2. Igualdad,
3. Equidad,
4. Solidaridad,
5. Tolerancia,
6. Pluralismo
7. Diversidad

Es la necesidad de que los actores políticos se constituyan en agentes de cambio mancomunadamente con la sociedad, en agendas comunes y en el soporte protagónico del imperio de la ley. Es signar que la clase política se vea como parte de la sociedad, como ente referencial en todo lo que vale el buen actuar, el buen decir y el buen pensar, en la búsqueda de objetivos comunes para la sociedad toda, de la que ellos forman parte.

El financiamiento estatal, que es social, es colectivo, debe ser visualizado en esa perspectiva. Si la partidocracia nuestra asume esta dimensión se originaría al interior de las organizaciones una verdadera revolución, porque en sí mismo desbordaría los intereses personales, particulares y la democracia interna sería como un círculo virtuoso. Una democracia interna más virtuosa desencadenaría una nueva forma de hacer política, donde el verticalismo y el centralismo no tendrían el ángulo mayor en las relaciones entre dirigentes y militantes.

A partir de 1998, mediante la Ley 275-97, los partidos políticos comenzaron a recibir financiamiento estatal, público, esto es, todo el tiempo, permanente, con un porcentaje de 0.25% del presupuesto de los ingresos ordinarios y 0.50% en períodos electorales. Desde 1998 hasta 2022 (24 años) las organizaciones partidarias reconocidas por la Junta Central Electoral han recibido alrededor de RD$21,521 millones para generar un promedio anual de RD$416 millones. A continuación, el cuadro de financiamiento desde 1998 hasta 2022 con el financiamiento por año.

La distribución del financiamiento estatal ha sido objeto de cuestionamiento, pues hay sociedades donde el mismo solo se lleva a cabo en el año electoral, vale decir, tiene una temporalidad limitada, es coyuntural, puntual, de ahí que su denominación sea Fuente o Financiamiento electoral. En nuestro país ha sido proporcionar la distribución contenida en las distintas leyes a la distribución 75-25 / 80-20, con un umbral de 5%, esto es, aquellos que obtengan más de un 5% de la votación, categorizados en función de ello “Partidos Mayoritarios”.

El 20% restante se distribuye entre los partidos que obtuvieron entre un 1% a un 4%, porcentualmente, en la ley vigente. La Ley 33-18 en su Artículo 61 acerca de la distribución de los recursos económicos del Estado establece su distribución de acuerdo al siguiente criterio: “1) Un ochenta por ciento, distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la última elección; 2) Un doce por ciento, distribuido entre todos los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la última elección; 3) Un ocho por ciento distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento y uno por ciento de los votos válidos obtenidos en la última elección”. Cabe consignar que la referida ley desde el artículo 59 hasta el 74 contempla todo lo atinente a patrimonio, financiamiento y supervisión de fondos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esto incluye 15 artículos, 15 párrafos y 32 numerales.

Nosotros nos preguntamos para que la sociedad política y la sociedad civil reflexionen al respecto: ¿Es justo proporcionar lo mismo a los que sacan el 40-50% de los votos válidos en una competencia electoral a los que obtienen un 5%? ¿Ha de ser igual el financiamiento al PT de Brasil donde Lula obtuvo un 48.3% en la primera vuelta, que Simone Tebet que alcanzó un 4.16% y Ciro Gomes un 3.04%? El umbral mayoritario podría ser el mismo, empero, la distribución debería ser más equitativa. Lo mismo con el 80-20 postulamos un alcance más igualitario: 70-30 en la distribución del financiamiento para coadyuvar con el espíritu de mayor igualdad. El esfuerzo debe ir dirigido a diseñar mejores barreras de entradas y de salidas desde punto de vista estratégico organizacional.

La proporcionalidad y la igualdad han de empezar con que los partidos políticos sean transparentes, conjuntamente con la sociedad