Santo Domingo, – Amnistía Internacional (AI) instó este miércoles al Gobierno de la República Dominicana a poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos y a derogar el nuevo protocolo que condiciona el acceso a servicios de salud pública a la situación migratoria de los pacientes, una medida que comenzó a implementarse este lunes.
El polémico protocolo, adoptado como parte de una serie de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril, ya ha generado preocupación internacional tras la detención de 87 mujeres haitianas embarazadas o en labor de parto en distintos hospitales del país durante el primer día de su aplicación en 33 centros de salud.
Según las disposiciones del Gobierno, inspectores y agentes de migración verificarán la documentación de los pacientes en hospitales públicos, incluyendo identificación válida, carta de trabajo, prueba de residencia y capacidad de pago. Aquellos que no cumplan con estos requisitos serán atendidos médicamente, pero luego serán deportados, de acuerdo con el anuncio oficial del presidente Abinader.
“Este sistema que vincula el acceso a la salud con la amenaza de deportación no solo viola derechos fundamentales, sino que deshumaniza a las personas migrantes y podría disuadirlas de buscar atención médica, poniendo en riesgo sus vidas”, expresó Ana Piquer, directora de AI para las Américas.
Amnistía Internacional también denunció que las medidas del Gobierno dominicano representan un retroceso en los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, y violan el principio constitucional que garantiza el acceso universal y gratuito a la salud.
Desde octubre de 2024, el país ha ejecutado más de 180,000 deportaciones, consideradas por la organización como “expulsiones colectivas prohibidas por el derecho internacional”. La mayoría de estas afectaron directamente a haitianos en situación migratoria irregular.
AI también denunció que estas políticas institucionalizan la discriminación contra personas migrantes, solicitantes de asilo, personas apátridas y dominicanos de ascendencia haitiana. “El Gobierno debe centrarse en erradicar la discriminación racial, garantizar el acceso a la protección internacional y promover un entorno libre de estigmatización”, añadió Piquer.
Por último, la organización hizo un llamado a la población dominicana a rechazar estas medidas “crueles y racistas” y a defender los principios de dignidad y derechos humanos para todos los residentes en el país, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
